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49.500 €
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Planta baja en Torrevieja - Zona Nueva Torrevieja

62.300 €
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Apartamento en Torrevieja - Zona Centro

67.500 €
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Apartamento en Torrevieja - Zona Estacion de autobuses

67.900 €
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Piso en Torrevieja - Zona Playa del cura

69.990 €
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  • Baños
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Apartamento en Torrevieja - Zona Torre la mata

74.900 €
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Apartamento en Torrevieja - Zona Playa de los Naufragos

78.000 €
  • Referencia
    A156S2
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Apartamento en Torrevieja - Zona Playa de los locos

259.900 €
  • Referencia
    ON002
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  • Superficie
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Chalet en Los Montesinos - Zona La herrada

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    Venta 47.000 €  
    • Referencia
      A177N2
    • Habitaciones
      2
    • Baños
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    • Superficie
      49 mts

    Apartamento en Torrevieja - Zona Centro, Superficie Construida 49m2, 2 Habitaciones, 1 Baño.


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    59.000 € - 20%
    Venta 254.500 €  
    • Referencia
      A183S3
    • Habitaciones
      4
    • Baños
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    • Superficie
      114 mts

    Piso en Torrevieja - Zona Acequion, Superficie Construida 114m2, 14m2, 4 Habitaciones, 2 Baños, 10...

    Venta 51.500 €  
    • Referencia
      B43S1
    • Habitaciones
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    • Baños
      1
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      36 mts

    Bungalow Planta Alta en Torrevieja - Zona Rosaleda-los frutales, Superficie Construida 36m2, 8m2, 1...


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    58.000 € - 11%
    Venta 77.260 €  
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      A002D2
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      2
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    82.500 € - 6%
    Venta 55.000 €  
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      A43N1
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    Apartamento en Torrevieja - Zona El molino, Superficie Construida 50m2, 5m2, 1 Habitación , 1...

    Venta 99.990 €  
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    Dúplex en Torrevieja - Zona Calas blanca, Superficie Construida 63m2, 6m2, 2 Habitaciones, 2 Baños,...

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      E004D
    • Baños
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      21 mts

    Estudio en Torrevieja - Zona Centro, Superficie Construida 21m2, 1 Baño, 900 Distancia al mar, Ascensor.


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    41.000 € - 7%
    Venta 59.900 €  
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      A2550JR
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    Apartamento en Torrevieja - Zona Playa de los locos, Superficie Construida 58m2, 4.4m2, 2 Habitaciones,...


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    64.900 € - 8%
    Venta 215.900 €  
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      C25S3
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    Chalet en Orihuela Costa - Zona Villamartin, Superficie Construida 120m2, 300m2, 178m2, 3...


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    249.000 € - 13%
    Venta 179.900 €  
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      C32S2
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    Dúplex en Orihuela Costa - Zona PAU 26, Superficie Construida 95m2, 220m2, 15m2, 3...


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    Venta 149.950 €  
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      C30S3
    • Habitaciones
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    Adosado en Torrevieja - Zona Torreblanca, Superficie Construida 162m2, 20m2, 3 Habitaciones, 2 Baños,...


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    Venta 69.990 €  
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      E13K
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    Apartamento en Torrevieja - Zona Torre la mata, Superficie Construida 48m2, 7m2, 1 Habitación , 1...


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    2020-10-28
    Ya se anunció a principios de año importantes cambios fiscales en materia de vivienda pendientes de materializarse a corto plazo. Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en el último Consejo de Ministros se inclyera una modificación que afecta al Impuesto de Patrimonio, al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) y al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales-Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD). Cambios cuya tramitación ya han comenzado en el parlamento y que llenan de dudas a los expertos fiscales. Dentro de las medidas estimadas se encuentran: La limitación a 1.000 euros de los pagos entre empresarios. La finalización de las amnistías fiscales. Reducción del límite de deuda con Hacienda. Más vigilancia sobre las criptomonedas. El Ministerio de Hacienda detalla que “dada la elevada litigiosidad existente en la valoración de los bienes y derechos afectados por estos impuestos, se lleva cabo una reforma para dar seguridad jurídica a contribuyentes y administraciones tributarias, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo”. “En el caso de bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierte en la base imponible de los tributos patrimoniales, de forma objetiva”. Lo que se traduce en que la base imponible que se utiliza en estos dos impuestos ya no será el valor real de los inmuebles, sino su valor de mercado; es decir, el valor de referencia que establezca la Dirección General del Catastro. Según el fisco, “en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario”. Esto significa que se calculará a partir de los precios de las transacciones de los inmuebles y que sean facilitados por los notarios y los registradores. El Ejecutivo insiste en que los nuevos cálculos se realizarán en base a “unas reglas técnicas justas y transparentes y se fijará por Catastro mediante un garantista procedimiento administrativo para su general conocimiento”, los expertos tienen dudas sobre cómo va a conseguir la normativa cumplir con todos esos compromisos. La nueva forma de valoración, pese a basarse en transacciones reales, nunca podrá tener en cuenta las circunstancias propias de cada inmueble, ni su estado de conservación, o el hecho de haber sido reformado o no. Recordemos que la Hacienda autonómica ya no tendrá que enviar a un perito a visitar ‘in situ’ cada inmueble vendido, heredado o donado, puesto que la base imponible será el valor de referencia que fije el Catastro. Ello contrasta con la situación actual, en la que los Tribunales exigen una valoración individualizada del inmueble y, en la mayoría de los casos, la visita del perito al inmueble.  “El Gobierno prefiere cambiar la norma, antes que adecuar sus prácticas a la jurisprudencia de los Tribunales”. En este sentido, Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, recuerda que los cambios fiscales afectarían a la tributación. Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), por su parte, sostiene que el hecho de fijar un solo valor “permitirá reducir la litigiosidad y aumentar la transparencia, como admite el Gobierno”, aunque no solo ve aspectos positivos. “Está por ver cómo se va a llegar a esos valores de referencia y si efectivamente las reglas van a ser justas. Se está planteando que la entrada en vigor de esta normativa sea transitoria, pero todo esto requiere un reglamento que desarrolle cómo se va a materializar. Lo ideal sería que los cambios entraran en vigor cuando esté ese reglamento, no antes, y que, de alguna manera, se tenga en cuenta el caso individual de cada inmueble, además de que se consiga un valor ajustado al mercado real”, añade. Cruzado también pone sobre la mesa que estos cambios van a suponer “un trabajo ingente para el Catastro”, lo que podría provocar un colapso del organismo (que en 2020 cuenta con cerca de 2.260 empleados públicos) y dificultar la consecución del objetivo inicial: que ese valor de referencia se publique con carácter anual para que se ajuste a la evolución del mercado. Tanto el presidente de los Técnicos de Hacienda como el socio del despacho Ático Jurídico y el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales reconocen que las modificaciones se traducirán en una subida de impuestos en muchos casos. Un alza que se enmarca en los objetivos del Gobierno de recaudar entre 2021 y 2022 cerca de 9.000 millones de euros adicionales a través de la creación de nuevas figuras tributarias (‘tasa Google’) o la subida de otras ya creadas (el IVA de las bebidas azucaradas, Sociedades y previsiblemente el IRPF a las rentas altas). Un ejemplo evidente es en el Impuesto sobre Patrimonio. En este caso los contribuyentes deben declarar los inmuebles de su propiedad conforme al mayor de estos tres valores: el catastral, el comprobado por la Administración o el de adquisición. Pero la aprobación de la nueva Ley añadirá un cuarto valor: el de referencia de Catastro”. Y añade que “este nuevo valor de mercado afectará a quienes tengan inmuebles con un valor de adquisición o catastral muy bajo, ya que estarán obligados a tributar, cuando antes no tenían que hacerlo”. En esa línea, Luis del Almo cree que “los más perjudicados serán los que tengan inmuebles muy antiguos, cuyo valor catastral será seguramente muy bajo respecto al valor de referencia”. En este caso, insiste el secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, “incluso pueden verse discriminados”. Novedades La nueva normativa dejará al contribuyente en una situación mucho más incómoda que hasta ahora. Y es que ese valor de referencia oficial aprobado por el Catastro se presume cierto, salvo prueba de lo contrario.  Una vez que entre en vigor, el contribuyente será el encargado de demostrar que el inmueble tiene un valor de mercado inferior al que dice el Catastro. Supone, por tanto, un traspaso de la carga de la prueba, ya que ahora será el contribuyente el que deba probar cuál es el valor real de un inmueble. Dicha prueba podrá consistir en; En la aportación de un acta notarial para acreditar el estado real del inmueble. También podrá aportarse un informe pericial, que demuestre que el valor de referencia no se corresponde, con el valor real del inmueble. En definitiva, estamos ante medios de prueba que tendrán un coste para el contribuyente.  El presidente de Gestha insiste en que, en caso de que haya discrepancias entre contribuyente-Administración o exista un error, “la única alternativa que va a tener el contribuyente será el recurso”. Sin olvidar que siempre está la tasación pericial contradictoria para reclamar lo que marcan las autonomías, aunque esto supone un coste para el contribuyente. También recomienda crear un cauce sencillo para que los contribuyentes puedan, de forma individual, puedan reclamar el valor de referencia de un inmueble sin que exista una operación inmobiliaria de por medio. Hacienda explica que este nuevo uso del valor de referencia “cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas de forma unánime y la norma que se presenta es fruto del consenso alcanzado en el Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, órgano interadministrativo en el que estás representadas las CCAA, junto con el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria”. Todo apunta a que su implantación será rápida. El Ejecutivo insiste en que todas las autonomías “han manifestado su voluntad de suscribir, de forma inminente, convenios de colaboración con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia”. Fuentes de Hacienda explican que el Proyecto se hará público de forma inminente. Además, será necesario el desarrollo de un reglamento donde se especifique cómo se va a establecer el valor de referencia, qué tipo de factores de evaluación se incluirán y si se facilitará que el contribuyente recurra. El Gobierno no descarta que la entrada en vigor definitiva de la normativa,  pueda tardar meses. Los expertos, creen que podría estar operativa durante el primer trimestre de 2021.
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    2020-10-02
    El Tribunal Supremo, en sentencias recientes, ha aclarado los efectos que tiene la anulación, total o parcial, del valor catastral sobre las liquidaciones firmes en impuestos tan habituales en la vivienda como el IBI o la plusvalía municipal. Jurídico recuerdan que los contribuyentes pueden recurrir o solicitar la modificación de los valores catastrales que se le notifican ante el Catastro, mediante la subsanación de discrepancias, o de rectificación de errores.  Procesos para oponerse a una valoración catastral La principal vía para oponerse a una valoración catastral es el recurso contra la notificación individualizada del valor catastral ante el Catastro, el llamado recurso de reposición, que es potestativo, en un plazo de un mes tras recibir la notificación. Posteriormente se podrá recurrir a los Tribunales Económico-Administrativos y Juzgados de lo Contencioso. Cabe recordar que el valor catastral también puede impugnarse con motivo del recurso contra una liquidación de IBI, o de la plusvalía municipal, pero solo en los supuesto fijados por el Tribunal Supremo Otra vía posible, es solicitar a Catastro la rectificación del valor catastral, pero solo se puede hacer en el caso de que el inmueble esté erróneamente valorado por Catastro, algo que no ocurre en todos los casos. En esta situación, no hay un plazo determinado de tiempo y puede hacerse en cualquier momento. Los errores de Catastro puede ser muy de muy distinta índole. Podemos estar ante errores en el uso o destino del inmueble, antigüedad, categoría, parámetros urbanísticos, valores básicos, coeficientes, etc. Según el tipo de error, procederá la iniciación de un procedimiendo de subsanacion de discrepancias ante Catastro, o de rectificación de errrores. Sin embargo, conviene tener en cuenta los diferentes efectos de la resolución que se dicte en uno u otro procedimiento. Porque la rectificación del valor catastral de un terreno no siempre permitirá recuperar lo pagado en las liquidaciones firmes del IBI. El Supremo se pronuncia sobre los efectos retroactivos al procedimiento de subsanación de discrepancias Los efectos que se derivan del procedimiento de rectificación de errores y del de subsanación de discrepancias son distintos. Por un lado, la resolución que estime el procedimiento de rectificación de errores tendrá siempre efectos retroactivos, es decir, desde la fecha en que se cometió el error en la valoración. Sin embargo, la resolución que estime la subsanación de las discrepancias tendrá efectos solo desde el día siguiente a la fecha en que se acuerde. En algunos casos los efectos de la resolución se anticiparán, como cuando no haya terceros afectados, y se producirán desde el día siguiente a la finalización del plazo de alegaciones a la propuesta de resolución. Así se prevé en el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (TRLCI). “En los últimos años, los esfuerzos judiciales para dotar de efectos retroactivos a las resoluciones que estimaban la subsanación de discrepancias han sido diversos. Se entendía que tales efectos retroactivos debían permitirse cuando se acordaba una disminución del valor catastral, en beneficio del contribuyente. Y debían rechazarse en el caso de que el nuevo valor agravara la situación inicial del contribuyente”, aclara José María Salcedo, experto de Ático Jurídico. Un ejemplo de ello son las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 1-12-2011 y 15-9-2016. El Tribunal Supremo, en reciente sentencia de 3-6-2020, ha declarado que "denegar la devolución de lo abonado en exceso, con el argumento de que los valores catastrales se rectifican sin efectos retroactivos, por aplicación del artículo 18 TRLCI, cuando se es consciente de que, como consecuencia del error fáctico de superficie -y, al reducirse ésta, de valor del inmueble- que ha sido rectificado se ha satisfecho una cuota superior a la debida, quebranta el principio de capacidad económica y, si consta -como aquí sucede-, un término de comparación válido, también el principio de igualdad, siempre que el error que se subsana ya existiera en los periodos a que se refieren los ingresos que se reputan indebidos". “En definitiva, la resolución que se dicte en un procedimiento de subsanación de discrepancias también puede tener efectos retroactivos. Y ello, especialmente, cuando el error subsanado ya existiera al tiempo del devengo del impuesto cuya devolución se pretende", destacan desde Ático Jurídico. . Los efectos de la nulidad del valor catastral sobre las liquidaciones firmes de IBI Los tribunales están de acuerdo en que la anulación total o parcial de la valoración catastral tiene efectos sobre las liquidaciones firmes de IBI. Y que debe comportar su anulación. El Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 18-5-2020 hace mención a ello en un caso en el que el contribuyente recurrió una valoración catastral y logró su anulación parcial. “Y lo mismo debe predicarse para el caso de que sea el contribuyente el que, mediante un procedimiento de rectificación de errores, logre anular el valor catastral fijado para su terreno”, añade José María Salcedo Tal y como declara el Supremo en la referida sentencia “Si el contribuyente discute en sede de "gestión catastral" -en tiempo y forma- los valores asignados a los inmuebles de su propiedad y obtiene una decisión firme que anula tales valores, ordenando efectuar nueva valoración, el ayuntamiento que ha girado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles conforme a los valores declarados nulos no puede aducir la existencia de una dualidad del procedimiento para mantener la vigencia de esas liquidaciones”. ¿Puede prescribir el derecho a solicitar la devolución de estas liquidaciones firmes de IBI? Los recursos y reclamaciones presentadas contra la valoración catastral interrumpen la prescripción en curso (artículos 66.c, 67.1.c y 68.3 de la LGT). “Esto se debe a la gestión dual, o compartida, del impuesto. Consideramos que la clave es cuándo se interpongan los recurso contra la valoración. O cuándo se inicie el procedimiento de rectificación de errores”, recuerdan desde el despacho Ático Jurídico. “La nueva valoración de Catastro tendrá en nuestra opinión efectos en los cuatro años anteriores contados desde que se impugnó la valoración catastral, o se inició el procedimiento de rectificación por el contribuyente”, completan. La anulación de las liquidaciones de IBI, ¿es automática, o hay que esperar a que catastro rectifique el valor? Otra cuestión planteada al Supremo es si la anulación de los valores catastrales debe suponer la automática anulación de las liquidaciones firmes del IBI afectadas. Todo ello porque se ha demostrado que se han basado en un valor catastral que ha sido anulado. Una situación que se agrava, sobre todo, en los casos de anulaciones parciales de la valoración catastral. Sin embargo, José María Salcedo comenta los pasos que están dando los ayuntamientos en la actualidad. “En esos supuestos es necesario que Catastro fije un nuevo valor catastral, en sustitución del anulado. Los ayuntamientos se amparan en la “espera” de esta resolución de Catastro para acordar las devoluciones a los contribuyentes, con el argumento de que estas liquidaciones de IBI se basan en el valor comunicado por Catastro. Mientras dicho valoración siga “vigente” en las bases de datos catastrales, a pesar de haber sido anulada, el Ayuntamiento no puede llevar a cabo la devolución” El Supremo ya ha descartado esta interpretación, en la sentencia de 18-5-2020, declarando que, “si el contribuyente discute en sede de "gestión catastral" -en tiempo y forma- los valores asignados a los inmuebles de su propiedad y obtiene una decisión firme que anula tales valores, ordenando efectuar nueva valoración, el ayuntamiento que ha girado el Impuesto sobre Bienes Inmuebles conforme a los valores declarados nulos no puede aducir la existencia de una dualidad del procedimiento para mantener la vigencia de esas liquidaciones”. Además, las liquidaciones de IBI deben anularse, pese a su firmeza. Y ello no obsta a que estos recibos puedan volver a girarse cuando Catastro notifique el nuevo valor catastral. Esto es lo que  concluye el Supremo: “La Hacienda Local, por tanto y en un supuesto como el que nos ocupa, precisamente por la vigencia en nuestro sistema fiscal de aquella dualidad, debe atemperarse a la decisión que adopte el órgano competente de "gestión catastral" y, si ésta es anulatoria de la valoración que le permitió girar el tributo, debe dejar sin efecto las liquidaciones correspondientes sin esperar a que se produzca un expresa modificación del padrón, a salvo su derecho, en los términos que legalmente procedan, a emitir nuevas liquidaciones conforme a los valores que, finalmente, sean declarados ajustados a Derecho”. Conclusiones En definitiva, para Ático Jurídico estamos ante sentencias interesantes que abren la puerta a anular liquidaciones firmes de IBI, con efectos retroactivos. Y ello, con efectos automáticos, y sin que los ayuntamientos puedan escudarse en que Catastro no ha notificado los nuevos valores catastrales. Hay que recordar, además, que la modificación de los valores catastrales puede tener también incidencia en otros impuestos, como el de plusvalía municipal. Por ello, la alteración de los valores catastrales puede reducir el pago de este impuesto, cara a una futura transmisión. Si dicha alteración catastral tuviera efectos retroactivos, podría hablarse también de la anulación de plusvalías ya liquidadas, aclaran los expertos. Fuente de la noticia: Idealista news
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    2020-03-19
    El plan movilizará 200.000 millones de euros públicos y privados, catalogado como "el mayor de la historia" según el Ejecutivo Medidas y formas extraordinarias para situaciones extraordinarias. El Consejo de Ministros, el primero que se ha celebrado de forma virtual en la historia, ha aprobado una nueva tanda de ayudas económicas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus. Tras anunciar la semana pasada unas medidas enfocadas a las pymes , que incluían por ejemplo un aplazamiento en el pago de las obligaciones tributarias, el nuevo plan va destinado a los trabajadores y familias, aunque también hay novedades para los autónomos y las empresas que necesiten liquidez. El Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno es, según el presidente Pedro Sánchez, "el más importante de toda la democracia", e incluye una dotación de 200.000 millones de euros (cifra que representa prácticamente un 20% del PIB), de los que 117.000 millones serán públicos (se añaden otros 83.000 millones privados), para combatir al coronavirus "no sólo desde el frente sanitario, sino también desde el económico y el social". Y es que, como lleva insistiendo el jefe del Ejecutivo desde la semana pasada, se van a destinar "todos los recursos económicos que hagan falta, donde hagan falta y cuando hagan falta" para luchar contra el COVID-19. De momento, y segun publica el diarioa La Razon, Moncloa calcula que el impacto del virus podría superar con holgura los 100.000 millones de euros y provocar la destrucción de hasta un millón de puestos de trabajo. Una de las medidas más destacadas que incluye el plan extraordinario es la moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas, siempre y cuando se den unas circunstancias determinadas. Por ejemplo, solo se podrá aplicar en el caso de la vivienda habitual y siempre que se trate de personas vulnerables, como un trabajador que se haya quedado sin trabajo o un autónomo cuyos ingresos se vean reducido drásticamente como consecuencia directa de las restricciones a la movilidad y al cierre de todo tipo de comercios. "Ninguna persona que sufra una situación económica difícil se va a quedar sin casa. No habrá desahucios", ha insistido Sánchez. Esta es la información pública conocida hasta ahora:     Así, el Gobierno sigue los pasos de Italia, que  puso en marcha la semana pasada una moratoria hipoteciaria con condiciones similares. No obstante, de momento no se han puesto en marcha medidas concretas relacionadas con el pago del alquiler por parte de los particulares. Francia, por su parte, ha optado por un plan de ayudas que cuntempla el pago del alquiler del local o la oficina y de los suministros a las pymes. Según Fernando Encinar, portavoz de idealista, “las medidas van bien encaminadas para proteger a las familias más vulnerables ante el impacto económico que sin duda tendrá la pandemia, y les ayudará a mitigar la caída de su situación económica. De todos modos, de momento no se conoce con exactitud la profundidad de la medida. Habrá que esperar a que salga el Real Decreto Ley para conocer con detalle quién y bajo qué circunstancias se podrá ver beneficiado.” Por otro lado, la patronal bancaria (AEB) ha asegurado que "los bancos apoyan el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios para las personas especialmente golpeadas por esta crisis" y que el sector financiero está de acuerdo "en que nadie se debe quedar atrás por un problema de liquidez". Por ello, insiste en que "ayudará al Gobierno y a la sociedad a superar esta situación y colaboraremos sin descanso y en la medida de nuestras posibilidades a frenar el impacto de esta crisis sanitaria”. Otro de los grandes objetivos del Real Decreto Ley es apoyar el empleo. En este sentido, el Gobierno ha decidido flexibilizar la figura del expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) para, a la vez, recortar el plazo de la tramitación (un máximo de siete días) y garantizar que los afectados puedan cobrar el subsidio por desempleo, incluso sin que hayan cumplido los requisitos de cotización mínima suficiente para ello, al tratarse de un "caso de fuerza mayor". También ha pedido a las empresas que hagan un esfuerzo para impulsar el teletrabajo (por ejemplo, se van a implantar ayudas económicas para que las pymes puedan comprar ordenadores y demás material) y ha anunciado que los trabajadores podrán reducir su jornada laboral (incluso un 100%) para cuidar de la familia.  Otro de los colectivos protagonistas en este plan de choque es el de los autónomos, quienes están exentos de pagar las cuotas a la Seguridad Social si han tenido que parar su actividad por el estado de alarma (por ejemplo, un bar o una pequeña tienda de barrio). En esos casos, y mientras dure el estado de alarma, los trabajadores por cuenta propia podrán declarar el cese de actividad  y, por tanto, no pagar la cuota.  En este sentido, Sánchez ha recordado que el objetivo es "reforzar la protección del empleo para evitar que una crisis temporal tenga un impacto negativo permanente" y ha pedido al tejido empresarial que "opte por la suspensión de los contratos o por la reducción de las jornadas de sus trabajadores antes que por el despido". Para las empresas se van a activar créditos 'blandos' para garantizar el flujo del crédito y los pagos. En concreto, se van a movilizar 100.000 millones de euros en avales (el Estado actuará como garantía de las operaciones) y otra línea adicional de 2.000 millones de euros para apoyar a las empresas exportadoras y a las del sector agrícola. El plan también contempla una dotación de 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para proyectos que investiguen el desarrollo de una vacuna contra el virus. Y se transferirán otros 600 millones de euros para que autonomías y ayuntamientos puedan financiar prestaciones básicas, y especialmente para activar planes de ayuda a los mayores. Sánchez ha recordado que "estamos viviendo y viviremos semanas muy duras" y que se trata de una situación sanitaria sin precedentes", por lo que ha pedido "paciencia para superar una crisis que va a ser dura, pero temporal". Durante su comparecencia, también ha agradecido públicamente el esfuerzo y la comprensión que están mostrando estos días los sindicatos, los empresarios, las demás formaciones políticas, así como los presidentes autonómicos.
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    2020-01-13
    Los suburbios de las grandes ciudades suelen ser espacios grises y monótonos. Sin embargo, esto no debe ser necesariamente así, y, de hecho, son muchos los arquitectos y diseñadores que quieren darle un cambio a estos espacios. Algunos optan por crear grandes espacios abiertos y zonas verdes, en los que la luz sea el elemento principal; otros, además, optan por hacer uso del color para crear generar una percepción diferente y convertirlos en lugares más atractivo, en especial para las personas que allí habitan. Es precisamente esto lo que ha hecho en Moscu el estudio de arquitectura italiano Iosa Ghini Associati, en colaboración con la firma rusa Mosproekt-3. El resultado de este trabajo conjunto ha sido un complejo residencial compuesto por 47 edificios de gran altura revestidos con paneles de colores en las afueras de la capital rusa.  Situado en el distrito Dmitrovskoe Shosse, un distrito administrativo del noreste de Moscú, el desarrollo consiste en numerosos bloques de gran altura de 16 pisos dispuestos alrededor de dos vastos patios comunales con una franja de espacios verdes y edificios de poca altura en el medio. Por un lado, Mosproekt-3 fue quien se ocupó de los aspectos técnicos de los edificios; por otro lado, el estudio de arquitectura Iosa Ghini Associati fue quien se volcó  con el desarrollo del diseño de las fachadas y el paisajismo. Las calles y patios de colores fueron creados para contrarrestar lo que el estudio llama una sensación de monotonía en los suburbios. De esta forma se “le da a la monotonía de los suburbios rusos características más distintivas y humanizadas mediante el uso del espacio y el color” y, además, se logra aportar una mayor "sensación humana" al esquema, señalan desde el estudio. Los diseñadores trataron de crear una efectiva y creativa 'capa colorida' en la fachada del edificio, con el objetivo de crear un buen contraste con la monotonía de las áreas suburbanas de Moscú, mientras que los patios abiertos mejoran la percepción y la calidad de vida y ofrecen una gran cantidad de funciones recreativas. Estos paneles de colores se crearon usando una mezcla de ‘Kabanchik’, baldosas típicas de los bloques de torres prefabricadas de la era soviética, así como paneles de fibrocemento más modernos, creando una variación de tonos en cada fachada. Las brechas en las filas de los edificios de gran altura crean múltiples puntos de entrada en cada bloque, y en la base de cada torre, un portal de colores brillantes dirige a los residentes al vestíbulo al tiempo que proporciona un área de sombra. Para los espacios externos, las áreas se dividieron para sugerir diferentes usos, con una red de caminos y ciclovías que proporcionaban rutas a través del distrito y más allá. El conjunto posee más de 22 hectáreas de patios comunales, que están dispuestos en función de un sistema de áreas verdes y espacios colectivos, cada uno con un propósito específico que abarca desde zonas recreativas e instalaciones de fitness hasta áreas comunes para socializar y disfrutar al aire libre, gracias a una visión holística. Los colores que hacen referencia a las sombras de las fachadas se han utilizado para cubrir las superficies de estas áreas de juego, demarcándolas del resto del espacio del patio. Sin embargo, no todo el proceso fue sencillo. “El principal obstáculo consistía en maximizar la representación estética de los revestimientos de colores, a través de los cuales era posible dar forma a la identidad de los edificios y entradas individuales para los habitantes”, señalan. Sin duda, ya sea para defenderlo o para criticarlo, este diseño no pasará desapercibido. Pero, como se suele, decir, “para gustos, los colores”. Agencia Inmobiliaria en Torrevieja - S Properties 
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    25 mayo 2017

     

     

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